Aunque no se dictó prisión preventiva, la parlamentaria y su esposo tienen prohibido salir de la provincia y del país. El juez también trabó un embargo millonario.
La Justicia Federal de Tucumán resolvió procesar a la legisladora oficialista Sandra Figueroa en el marco de la megacausa Alberdi, que investiga presuntas maniobras de lavado de dinero vinculadas al narcotráfico y asociación ilícita con base en el municipio del sur tucumano. La medida también alcanza a su esposo, el exintendente Luis “Pato” Campos, aunque ninguno de los dos quedó detenido preventivamente.
La resolución, a la que accedió este medio en base a información publicada por Tendencia de Noticias, fue firmada por el juez federal José Manuel Díaz Vélez. El magistrado dispuso que, aunque ambos permanecen en libertad, tienen prohibido salir de la provincia y del país sin autorización judicial, deben presentarse quincenalmente en una dependencia policial cercana a su domicilio y tienen vedado comunicarse con coimputados, testigos o personas vinculadas a la investigación.
Además, ordenó un embargo sobre los bienes de Figueroa por $250 millones, monto que busca garantizar posibles responsabilidades civiles y costas procesales.
El escándalo y las imputaciones
El caso Alberdi estalló públicamente tras la viralización de un audio entre Campos y el empresario Roque “Chipi” Giménez, en el que se mencionaban manejos de la policía, irregularidades con obras públicas y referencias al narcotráfico. La denuncia formal había sido presentada en junio de 2023 por el diputado nacional Roberto Sánchez, junto a legisladores y abogados, tras recibir planteos de vecinos de la ciudad.
El procesamiento incluye a otros exfuncionarios municipales y allegados al poder local, entre ellos:
Roque “Chipi” Giménez – empresario beneficiado con obras por más de $500 millones.
José del Carmen Roldán – histórico secretario de Hacienda, considerado uno de los principales engranajes de la estructura.
Pablo Exequiel “Maceta” Barrionuevo – ex responsable de Desarrollo Social.
José Albano Loru – exconcejal y referente político.Todos ellos ya habían recibido prisión preventiva, mientras que Campos y Figueroa habían quedado afuera de esa medida hasta ahora.
Los fundamentos contra Figueroa
El juez sostuvo que existían pruebas suficientes para avanzar con el procesamiento de la legisladora. Los principales puntos son:
1. Incremento patrimonial no justificado: carece de inscripción en Ingresos Brutos y no registra actividad económica proporcional a su patrimonio.
2. Tenencia de bienes de alto valor: figuran a su nombre al menos siete vehículos, incluyendo una Toyota Hilux y un Mercedes Benz Sprinter.
3. Uso de fondos públicos: durante su intendencia (2015–2023) se habrían adquirido vehículos de alta gama mediante cheques oficiales.
4. Falta de transparencia: no existían balances ni registros de contratos de alquiler de vehículos en la Municipalidad bajo su gestión.
Además, se valoró la mención de su entorno en el audio con Giménez, donde se cuestionaba directamente a Campos por supuestas irregularidades cometidas por su familia.
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Medidas alternativas y fueros
Pese a la gravedad de las imputaciones, el magistrado entendió que las medidas alternativas eran suficientes:
Arraigo social y familiar: la legisladora reside en Alberdi, tiene domicilio conocido y un cargo institucional vigente.
Fueros parlamentarios: si bien no le impiden declarar ni ser procesada, cualquier intento de detención deberá pasar por la Legislatura.
Intervención municipal: al estar el municipio bajo control provincial desde junio, se redujo su capacidad de incidir en documentación oficial.
Contexto y lo que viene
La resolución marca un giro en la causa: hasta ahora, el matrimonio Campos-Figueroa se mantenía en un margen de expectativa, mientras los demás imputados enfrentaban prisión preventiva. Con el procesamiento, la Justicia Federal los coloca dentro de la estructura investigada como parte de una presunta “empresa criminal colectiva”.
En paralelo, continúan otras aristas del expediente:
Roldán obtuvo arresto domiciliario por motivos de salud.
Giménez denunció apremios ilegales en el penal de Benjamín Paz.
Loru y su defensa insisten con pedidos de morigeración de la prisión.El juez Díaz Vélez deberá resolver en los próximos meses las situaciones procesales definitivas, mientras el fiscal Rafael Vehils Ruiz avanza con pericias financieras y análisis de bienes secuestrados.