Una mujer de 35 años fue condenada en Tucumán a un año de prisión de ejecución condicional tras haber estafado a jubilados a los que engañó con falsos trámites ante la Anses, utilizando sus datos personales y biométricos para crear cuentas bancarias, solicitar préstamos y apropiarse del dinero. El perjuicio económico supera los $7 millones y afectó al menos a tres adultos mayores de la ciudad de Alderetes.
La sentencia fue dictada en el marco de una investigación llevada adelante por la Fiscalía de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I, a cargo del fiscal Diego López Ávila. La imputada, identificada como P.A.A., una licenciada en Nutrición cuya identidad se mantiene bajo reserva por orden judicial, fue hallada responsable del delito de estafa informática reiterada, luego de admitir su culpabilidad en un acuerdo de juicio abreviado.
Durante la audiencia, la auxiliar de fiscal Carolina Brito expuso el modus operandi utilizado por la acusada.
La mujer se presentaba en los domicilios de las víctimas, aprovechando vínculos de cercanía, vecindad o confianza, y les aseguraba que habían sido “seleccionados” para recibir un supuesto aumento en sus haberes jubilatorios.
Bajo ese engaño, les solicitaba fotografías del rostro y del DNI, argumentando que eran necesarias para realizar trámites ante la Anses. En algunos casos, insistía reiteradamente hasta obtener imágenes “de buena calidad”, que luego utilizaba para validar identidades en plataformas digitales.
Con esos datos personales y biométricos, la imputada creó de manera encubierta cuentas digitales en el Banco Galicia o tomó control de cuentas ya existentes, modificando contraseñas y bloqueando el acceso de los verdaderos titulares.
Posteriormente, solicitó préstamos a nombre de los jubilados, realizó extracciones y transferencias, y derivó parte del dinero a sus propias cuentas.
Las maniobras comenzaron en octubre de 2024, aunque los damnificados recién descubrieron el fraude durante 2025, cuando intentaron realizar trámites bancarios y se encontraron con préstamos impagos a su nombre.
Las primeras víctimas fueron Antonia y Pedro, un matrimonio de 64 y 67 años, allegados a la acusada. A nombre de Antonia se solicitó un préstamo de $1.165.000, mientras que a Pedro se le adjudicó otro por $2.394.300. Entre ambos acumularon una deuda superior a $3,5 millones, sin haber recibido el dinero.
El segundo hecho ocurrió en noviembre de 2024 y tuvo como víctima a Conrado, un jubilado de 70 años y amigo del padre de la imputada. En su caso, la mujer solicitó un préstamo por $3.796.200, realizó extracciones en efectivo y concretó transferencias por más de $1,3 millones. El fraude fue descubierto cuando su hija no pudo acceder al home banking y, tras verificar la situación, radicaron la denuncia en la comisaría de Alderetes.
La investigación incluyó pericias electrónicas, análisis de movimientos bancarios, conversaciones entre la acusada y las víctimas, informes de entidades financieras y reportes crediticios, pruebas que permitieron acreditar la responsabilidad penal de la imputada.
Con ese respaldo, el Ministerio Público Fiscal acordó con la defensa, a cargo de la defensora oficial Josefina Talamazzi, una pena de un año de prisión condicional, más el cumplimiento de reglas de conducta por igual período.
Durante la audiencia, los jubilados manifestaron su disconformidad con la condena, al considerar que la pena resultó leve frente al daño económico y emocional sufrido. “Somos personas grandes y nos hizo pasar momentos muy difíciles”, expresó Pedro ante el juez.
Finalmente, el juez Guillermo Taylor homologó el acuerdo de juicio abreviado, explicó que la pena se ajusta a lo previsto por el Código Penal y recordó que las víctimas deberán iniciar acciones civiles si desean recuperar el dinero perdido.
De este modo, la acusada evitó la cárcel, mientras que los jubilados estafados deberán enfrentar un nuevo proceso judicial para intentar obtener una reparación económica.