El Senado aprobó la Ley de Inocencia Fiscal, una reforma que introduce cambios de fondo en el régimen tributario argentino y que ya genera fuerte debate político y económico. La norma fue sancionada con 43 votos afirmativos y 26 negativos, y apunta a modificar la forma en que el Estado persigue la evasión, actualizando montos que habían quedado completamente desfasados por la inflación.
El eje central de la ley es el aumento de los valores a partir de los cuales una irregularidad impositiva pasa a ser considerada delito penal. Desde ahora, la evasión simple solo será delito cuando supere los 100 millones de pesos, mientras que la evasión agravada se fija en un piso de 1.000 millones. En la práctica, esto significa que numerosos casos que antes podían terminar en la Justicia Penal pasarán a resolverse en el ámbito administrativo, con multas e intereses, pero sin consecuencias penales.
Otro punto clave es que la ley habilita el cierre de conflictos fiscales mediante el pago de la deuda. Si el contribuyente regulariza su situación, el organismo recaudador puede evitar una denuncia penal o, incluso, dejar sin efecto una causa ya iniciada. El enfoque prioriza la recaudación y la regularización antes que la sanción judicial.
La reforma también reduce el plazo de prescripción de las deudas impositivas, que pasa de cinco a tres años, y modifica los regímenes de información. Esto implica que se elevan los montos a partir de los cuales bancos, escribanos y otros actores deben reportar operaciones al fisco, disminuyendo los controles automáticos sobre determinados movimientos económicos.
En paralelo, la ley crea un Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias destinado a contribuyentes que no son considerados grandes. Bajo este esquema, el impuesto se calcula principalmente en base a los ingresos declarados y, si el pago se realiza en tiempo y forma, la declaración tiene efecto liberatorio, reduciendo la posibilidad de reclamos posteriores.
El Gobierno sostiene que estas medidas buscan generar previsibilidad, reducir la litigiosidad y permitir que ahorros hoy fuera del sistema vuelvan a circular en la economía formal. Sin embargo, sectores de la oposición y especialistas advierten que la norma podría debilitar los controles fiscales y beneficiar a quienes mantuvieron dinero no declarado.
Con la sanción de la Ley de Inocencia Fiscal, el esquema tributario argentino entra en una nueva etapa, cuyo impacto real dependerá de cómo se implemente y del control que ejerza el Estado en los próximos meses.