Diversas investigaciones judiciales apuntan al entorno más cercano al gobierno nacional por supuestas irregularidades en contrataciones públicas, con protagonistas de peso político: Eduardo “Lule” Menem, asesor en la Secretaría General de la Presidencia, y su primo, Martín Menem, actual presidente de la Cámara de Diputados.
En las últimas semanas, distintos expedientes en los tribunales federales de Comodoro Py cobraron nuevo impulso a partir de la difusión de grabaciones, denuncias y documentación que comprometerían al círculo familiar y político de los dirigentes riojanos.
El “caso Spagnuolo”: audios, sobornos y medicamentos bajo sospecha
El eje de las pesquisas se concentra en el denominado “caso Spagnuolo”, iniciado tras una denuncia del abogado Gregorio Dalbón —representante de Cristina Fernández de Kirchner—. La causa está radicada en el juzgado de Sebastián Casanello, con intervención de la fiscalía de Franco Picardi y la colaboración de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas.
Los audios filtrados, atribuidos al exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, describen un presunto entramado de sobornos vinculados a la compra de medicamentos. Según las grabaciones, parte de esas maniobras habrían sido canalizadas a través de la empresa Suizo Argentina, con destino final —de acuerdo con lo investigado— hacia Karina Milei y Eduardo Menem.
Los investigadores avanzan con el análisis de registros telefónicos y documentación de accionistas de la droguería Jonathan y Emmanuel Kovalivker, mientras buscan probar la existencia de sobreprecios, cartelización y direccionamiento de licitaciones en el sistema público de salud.
La defensa de Spagnuolo y de los Kovalivker pidió la nulidad de la causa, argumentando que las escuchas fueron obtenidas de manera ilegítima. Mientras tanto, tanto Lule como Martín Menem rechazaron públicamente cualquier vinculación y denunciaron una “operación política” en su contra.
Tech Security SRL: el contrato con el Banco Nación
Paralelamente, otra línea de investigación involucra a la empresa Tech Security SRL, también ligada a la familia Menem. La firma obtuvo un contrato por cerca de 4.000 millones de pesos con el Banco Nación, operación que se encuentra bajo la lupa del juez Daniel Rafecas desde julio pasado, a raíz de una denuncia del dirigente Juan Ricardo Mussa.
Rafecas ordenó la declaración de exdirectivos bancarios y el requerimiento de nueva documentación para determinar si existieron irregularidades en la adjudicación y en los vínculos societarios de la compañía.
Un dato clave que despertó sospechas es que Martín Menem transfirió la titularidad de sus acciones en Tech Security apenas cuatro días antes de asumir su banca en Diputados, cediéndolas a su hermano Adrián Menem, lo que reavivó los cuestionamientos por posibles conflictos de intereses.
Un frente judicial abierto
Las investigaciones que involucran a los Menem ponen en tensión al oficialismo, dado el peso político e institucional que ambos ocupan en el actual esquema de poder. Por un lado, el entorno de la Presidencia, a través de Lule Menem; por otro, la conducción de la Cámara baja con Martín Menem.
Mientras la justicia avanza en la búsqueda de pruebas sobre licitaciones direccionadas, contrataciones millonarias y maniobras con fondos públicos, los acusados se defienden apuntando a la intencionalidad política detrás de las denuncias.
Lo cierto es que los expedientes siguen abiertos en Comodoro Py y en los tribunales federales, y las próximas semanas serán decisivas para determinar si las causas logran consolidarse en un escenario judicial y político que mantiene en vilo al oficialismo.