El ex intendente de Alberdi y su esposa, la legisladora Sandra Figueroa, se presentaron a indagatoria en la Justicia Federal. El caso expone un entramado político y judicial que sacude al sur tucumano
La llegada a los tribunales
Luis “Pato” Campos, ex intendente de Juan Bautista Alberdi, y su esposa, la legisladora oficialista Sandra Figueroa, se presentaron este martes ante la Justicia Federal. Ambos fueron citados a declaración indagatoria en la causa que investiga presuntos vínculos con delitos federales: narcotráfico, asociación ilícita y lavado de activos.
El ex jefe municipal, visiblemente tenso, habló brevemente con la prensa antes de ingresar a la sede de Gendarmería Nacional.
“Tengo que ponerme a derecho. Nuestra situación es de total inocencia y es la Justicia la que sabrá indagar en este caso. Siempre negamos rotundamente el tema del narcotráfico. Siempre fuimos personas que luchamos en beneficio de la comunidad”, aseguró.
Figueroa, en cambio, eligió el silencio. Su condición de legisladora le otorga fueros, aunque estos no impiden que se someta a indagatoria.
El origen: un audio explosivo
La historia comenzó el 5 de junio, cuando se viralizó un audio de una conversación entre Campos y Roque “Chipi” Giménez, un supuesto empresario de la construcción. En esa charla se escuchaban referencias al manejo de la policía, a la droga y al poder político en Alberdi.
Ese material encendió las alarmas: derivó en allanamientos, detenciones y la intervención del municipio y el Concejo Deliberante, decretada por el gobernador Osvaldo Jaldo el 9 de junio.
Los procesados y la trama investigada
Por pedido de la fiscala Mónica García de Targa, el caso sumó rápidamente a otros nombres de peso en la política local:
José del Carmen Roldán, ex secretario de Hacienda.
Albano Lorú, ex edil.
Pablo “Maceta” Barrionuevo, ex titular de Desarrollo Social.
José “Cuchamota” Funez, gremialista.
La hipótesis fiscal apuntó a que en Alberdi operaba una asociación ilícita que utilizó la estructura municipal para lavar dinero del narcotráfico. Según el expediente, “Chipi” Giménez y su madre crearon la empresa Giménez Consulting Group, beneficiada con contratos directos por más de $500 millones para obras públicas. Muchas de ellas quedaron inconclusas o nunca se iniciaron.
“Nos encontramos ante una organización criminal que habría insertado en el municipio los ingresos obtenidos de la venta de estupefacientes bajo la apariencia de obras públicas, alquileres o actividades comerciales”, explicó García de Targa en su momento.
El pase a la Justicia Federal
Al avanzar la investigación, la fiscala provincial se declaró incompetente, al entender que los delitos excedían la órbita local. El expediente fue remitido al Juzgado Federal N.° 2, a cargo del juez José Manuel Díaz Vélez, con el fiscal Rafael Vehils Ruiz al frente.
La Justicia Federal se quedó con las acusaciones más graves: narcotráfico, asociación ilícita y lavado de activos. La malversación de fondos públicos podría seguir en la órbita provincial.
Lo que está en juego
La indagatoria de Campos y Figueroa marca un punto de inflexión. El ex intendente podría quedar detenido si el juez lo considera necesario. La legisladora, en cambio, solo podría perder su libertad si la Justicia pide a la Legislatura que le quite los fueros.
Mientras tanto, la Fiscalía Federal continúa analizando celulares, computadoras, contratos y auditorías del municipio, además de tomar testimonios clave.