Tras un grave incidente con un arma en una escuela, el gobierno provincial presentó un proyecto que responsabiliza a padres y tutores por las conductas violentas de sus hijos.
El Gobierno de Mendoza, encabezado por Alfredo Cornejo (UCR), presentó ante la Legislatura provincial un proyecto de reforma del Código de Contravenciones que busca sancionar el acoso escolar —o bullying— con fuertes medidas económicas y sociales. La iniciativa contempla multas de hasta $2.100.000 y hasta 50 días de trabajo comunitario para padres, madres o tutores que no intervengan en la corrección de las conductas violentas de sus hijos.
El anuncio llega en medio de una serie de episodios de violencia escolar en la provincia, incluido el caso ocurrido el 10 de septiembre en la escuela Marcelino Blanco, en La Paz, donde una adolescente de 14 años ingresó armada, efectuó disparos al aire y se atrincheró durante varias horas, generando conmoción nacional.
Responsabilidad compartida
La reforma presentada por el ministro de Educación, Tadeo García Zalazar, junto a la vicegobernadora Hebe Casado y el presidente de la Cámara de Diputados Andrés Lombardi, busca dejar en claro que la prevención del bullying no puede recaer únicamente en los docentes y directivos, sino que las familias deben asumir un rol activo y corresponsable.
“El bullying no es un juego ni una broma pesada. Es violencia que lastima, que deja marcas profundas en nuestros chicos y chicas. Por eso damos este paso: para que la escuela no esté sola en este desafío: necesitamos familias presentes y corresponsables”, afirmó García Zalazar.
El proyecto también establece la obligatoriedad de asistir a talleres de parentalidad y mediación para los adultos responsables de menores agresores, con el objetivo de generar espacios de reflexión y aprendizaje que permitan cortar con patrones de violencia.
Un nuevo protocolo para las escuelas
La propuesta se complementa con un Protocolo de Actuación actualizado, que deberán aplicar las instituciones educativas frente a casos sospechosos o confirmados de bullying. Este documento exige:
Detección temprana de situaciones de acoso.
Registro formal de los hechos.
Comunicación inmediata con las familias.
Plan de acción urgente con seguimiento y cierre documentado.
Derivaciones a organismos de protección de la niñez y a la Justicia, si el caso lo amerita.
El abordaje contempla tres niveles: prevención, intervención inmediata y posvención, con medidas que protegen a las víctimas, pero también promueven la reinserción educativa de los agresores desde una perspectiva de reparación y aprendizaje.
Fallos judiciales y antecedentes
La discusión sobre la violencia escolar en Mendoza ya trascendió al plano judicial. En junio, un fallo sin precedentes condenó a la Dirección General de Escuelas (DGE) a indemnizar con $4,5 millones a la familia de una niña de 11 años víctima de bullying en Godoy Cruz. La jueza Jorgelina Iérmoli Blanco subrayó la obligación del Estado de actuar de manera eficaz en la prevención y protección de los menores.