El Tribunal Oral Federal N°4 dispuso la detención del exministro de Planificación, Julio De Vido, luego de que la Corte Suprema ratificara la condena de cuatro años de prisión por administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
El exfuncionario kirchnerista deberá presentarse este jueves a las 10 en Comodoro Py para hacer efectiva su detención, tras la decisión del máximo tribunal que rechazó los recursos interpuestos tanto por su defensa como por el Ministerio Público Fiscal.
Con esta resolución, De Vido quedó firme como partícipe necesario del delito de administración fraudulenta vinculado a la tragedia ferroviaria de Once, ocurrida en 2012, donde murieron 51 personas y más de 700 resultaron heridas.
La Corte Suprema —integrada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti— declaró inadmisibles los recursos extraordinarios con base en el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial. De esta manera, se confirmó la pena e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
El origen de la causa
La investigación se inició en 2015, cuando el Tribunal Oral Federal 2 condenó al maquinista Marcos Córdoba, a directivos de Trenes de Buenos Aires (TBA) —empresa concesionaria de la línea Sarmiento— y a los exsecretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi.
La Justicia determinó que el siniestro se produjo por el deficiente mantenimiento de las formaciones pese a los subsidios estatales otorgados a la concesionaria.
Posteriormente, el Tribunal Oral Federal 4 sentenció en 2018 a De Vido a cinco años y ocho meses de prisión por fraude al Estado, al considerar que no ejerció los controles necesarios sobre los fondos públicos destinados al sistema ferroviario, aunque fue absuelto del delito de estrago culposo.
Revisiones y fallo definitivo
En instancias superiores, la Cámara Federal de Casación Penal avaló la condena, lo que derivó en un recurso ante la Corte. En agosto de 2024, el máximo tribunal confirmó la culpabilidad de De Vido pero ordenó revisar la duración de la pena.
La Cámara de Casación fijó finalmente la pena en cuatro años en abril de 2025.
Tanto la defensa como la fiscalía apelaron nuevamente, pero la Corte cerró definitivamente la discusión, ratificando la condena e instruyendo al tribunal de ejecución a efectivizar su detención.
El exministro, de 75 años, podría solicitar prisión domiciliaria en función de su edad, aunque por el momento deberá presentarse ante la Justicia.