Lo que comenzó como una serie de denuncias por estafas reiteradas en el sur de la provincia de Tucumán, podría convertirse en un caso de mayor envergadura que involucra a una posible estafa piramidal con ramificaciones internacionales. La Unidad Fiscal Especializada en Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad de Concepción, a cargo de Mónica García de Targa, remitió la causa a la Justicia Federal tras detectar indicios de un delito financiero que excede la jurisdicción provincial.
La investigación se inició a partir de ocho denuncias recibidas por la fiscalía, en las que las víctimas señalan haber sido atraídas a una plataforma de inversiones y trading llamada PEAK CAPITAL. El modus operandi consistía en la captación de fondos privados, con la promesa de importantes ganancias, a través de una figura identificada como «Wendy», quien operaba como trader.
Sin embargo, las pesquisas revelaron que ni la plataforma ni la empresa detrás de ella están autorizadas por la Comisión Nacional de Valores (CNV) para operar en el sistema financiero argentino. «[La CNV] en conjunto con el Banco Central de la República Argentina son los encargados de verificar y controlar la solvencia de las empresas que operan en el mercado y así, evitar situaciones como estas que afectan a todo el sistema financiero», explicó el auxiliar de fiscal Juan José Ibañez.
Un dato que aumenta las sospechas sobre la naturaleza fraudulenta de PEAK CAPITAL es el origen del número telefónico utilizado por «Wendy» para contactar a los inversores: el prefijo corresponde a Rusia y Kazajistán.
Ante la posibilidad de que se configure el delito de Intermediación Financiera no autorizada, agravada por la difusión masiva (art. 310 del Código Penal), la fiscal Targa solicitó al Colegio de Jueces la remisión de las actuaciones a la Justicia Federal. El juez Rodrigo Martearena hizo lugar al pedido, considerando que se trata de un delito que afecta la estabilidad financiera del país y excede la competencia provincial.
La Justicia Federal deberá ahora profundizar la investigación para determinar la magnitud de la presunta estafa, identificar a los responsables y, en caso de confirmarse el delito, llevarlos ante la justicia.