El Gobierno Nacional decretó la obligatoriedad para todos los presos alojados en cárceles federales de participar en tareas de limpieza y mantenimiento de las instalaciones. Esta medida, que alcanza a los 12 mil internos de los 31 establecimientos del Servicio Penitenciario Federal, incluyendo a los detenidos por delitos comunes, de alta peligrosidad y de lesa humanidad, busca «erradicar la cultura tumbera» y fomentar la reinserción social, según afirmó el subsecretario de Asuntos Penitenciarios, Julián Curi, en diálogo con Infobae.
La resolución 1346, publicada hoy en el Boletín Oficial, establece que los internos deberán dedicar hasta cinco horas diarias a estas tareas sin recibir remuneración alguna. El incumplimiento de esta obligación resultará en sanciones que podrían afectar beneficios como el acceso a trabajos remunerados o cambios de celda.
«Las personas privadas de la libertad no son víctimas, sino victimarios de la sociedad», sostiene la resolución, argumentando que la obligatoriedad de estas tareas busca que los internos «reparen el daño causado» y «adopten hábitos orientados al reconocimiento de su responsabilidad individual».
La medida, que amplía el programa «Manos a la Obra» del SPF, ha generado controversia. Organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación por la falta de remuneración y la posibilidad de que esta medida se utilice como una forma de castigo adicional.
El subsecretario Curi, por su parte, enfatizó que esta medida «no es trabajo» y que su objetivo principal es reducir la ociosidad, fomentar la convivencia ordenada y promover la reinserción social. «Se trata de que participen en el cuidado de los espacios donde transitan su internación», explicó.
Esta nueva normativa se suma a una serie de medidas implementadas por el gobierno en materia de seguridad, generando un intenso debate sobre los derechos de los reclusos y las condiciones de vida en las cárceles argentinas.