El programa impulsado por el Gobierno provincial registró una fuerte adhesión entre empleados estatales de entre 40 y 49 años. Las áreas más afectadas son Desarrollo Social, Economía y Educación.
El plan de retiros voluntarios lanzado por el Gobierno de Tucumán avanza con cifras importantes: ya se otorgaron 1.137 salidas del sector público provincial, y otras 400 solicitudes están siendo analizadas por la Secretaría de Gestión Pública y Planeamiento, a cargo de Javier Morof.
La medida, que apunta a la reducción progresiva del gasto público y fue prorrogada hasta fines de mayo, generó un fuerte interés entre los trabajadores estatales con estudios universitarios y edades comprendidas principalmente entre los 40 y 49 años.
Según los datos oficiales, desde el inicio del programa en mayo de 2024 hasta mediados de abril de 2025, se procesaron más de 1.600 pedidos, aunque 67 de ellos fueron rechazados por no cumplir con los requisitos. El plan solo está disponible para empleados de planta permanente del Poder Ejecutivo, excluyendo al Poder Judicial y a la Legislatura, que manejan estadísticas propias.
Las áreas más impactadas
Entre los ministerios y secretarías, las carteras con más bajas fueron:
Desarrollo Social: 114 otorgadas y 12 rechazadas.
Economía y Producción: 100 y 1.
Educación: 81 y 1.
En contraste, áreas como la Fiscalía de Estado apenas registraron tres retiros.
En el caso de organismos descentralizados y autárquicos, se destacaron:
Caja Popular de Ahorros: 269 retiros.
Sistema Provincial de Salud (SIPROSA): 88.
Ente Cultural de Tucumán: 55.
¿Quiénes se retiran?
El relevamiento indica que casi la mitad (49,8%) de quienes adhirieron al retiro voluntario tienen entre 40 y 49 años. Le siguen los de 30 a 39 años (25,5%), y luego los de 50 a 59 (18,1%). Apenas el 0,3% corresponde a agentes de entre 20 y 29 años.
En cuanto al nivel educativo:
Universitarios: 51,9%
Secundarios: 29,8%
Terciarios: 7,2%
Primarios: 9,2%
Idóneos sin título formal: 1,8%
Cómo funciona el plan
El programa contempla una permanencia de hasta 4 años, prorrogables por otros 4, o hasta que el beneficiario acceda a la jubilación. Durante ese lapso, el trabajador percibirá el 70% de su salario actualizado, con excepción de bonificaciones como horas extra o fondo estímulo, y conservará su cobertura médica.
Entre los requisitos, el agente no debe estar de licencia médica ni formar parte de áreas consideradas esenciales.