El juez de feria Raúl Ángel Robín Márquez resolvió extender por 30 días la prisión preventiva de Liliana “Pampita” Carrizo, acusada de haber sustraído el celular del gobernador Osvaldo Jaldo durante un acto político en La Cocha. La medida fue solicitada por el Ministerio Público Fiscal y contó con el respaldo de la querella, pese a la oposición de la defensa, que cuestionó la proporcionalidad de la medida.
Durante la audiencia, la auxiliar de fiscal Emilse Guevara informó que en los próximos días se esperan resultados clave para la causa: el análisis de las cámaras de seguridad del salón donde se desarrolló el hecho y el peritaje de los dispositivos electrónicos secuestrados en el domicilio de la imputada.
El hecho
El episodio ocurrió el miércoles 18 de junio, cuando Jaldo encabezó un acto institucional en La Cocha para inaugurar una oficina de asistencia jurídica del Ministerio de la Defensa. Tras finalizar la ceremonia, la comitiva oficial se trasladó al salón “Rocío” para compartir un almuerzo con dirigentes del municipio y de al menos nueve comunas rurales. Carrizo formaba parte de la delegación de Los Pizarro.
Fue al momento de retirarse del lugar cuando el gobernador notó la ausencia de su teléfono. Al revisar las imágenes tomadas por fotógrafos durante el acto, se identificó a Carrizo extrayendo el dispositivo del saco del mandatario. Funcionarios y policías se dirigieron a su domicilio y recuperaron el teléfono. Además, durante un allanamiento se incautaron pendrives, un celular y una notebook del programa “Conectar Igualdad”.
Investigación en curso y nuevos nombres
Carrizo fue imputada el 19 de junio por el delito de hurto. En sus declaraciones, negó haber cometido el robo y afirmó que el celular le fue entregado por una tercera persona. En una segunda declaración, señaló al fotógrafo Héctor Juárez como quien le habría dado el teléfono. Esta versión fue rechazada por la querella, que la consideró una maniobra para desviar la investigación.
La fiscal Guevara adelantó que Juárez será citado a declarar en los próximos días, mientras continúa la investigación para determinar si hubo participación de terceros. También se ordenó el peritaje del celular de Marcos Eduardo Rodríguez, un empleado público que habría captado imágenes clave con su dispositivo.
Posturas encontradas
La querellante, Paula Morales Soria, respaldó el pedido de prórroga y afirmó que la acusada incurrió en «falsedades manifiestas», atribuyendo el delito a un inocente. Sostuvo que las pruebas —en especial las fotografías del acto— muestran claramente a Carrizo cometiendo el hurto, lo que indicaría una conducta obstruccionista y una intención de entorpecer la causa.
Además, advirtió que si recuperara la libertad, la imputada podría influir sobre testigos o coordinar versiones con otros posibles implicados. “Estamos convencidos de que hay más personas involucradas”, afirmó.
Por su parte, la defensa, representada por la Dra. Emilia Giselle Ale, objetó la prórroga por considerar que Carrizo lleva más de un mes detenida por un delito excarcelable, cuya pena mínima podría ser de cumplimiento condicional. También cuestionó que se invoque la condición de gobernador de la víctima como factor agravante, sin que exista una base legal que modifique la calificación del hecho.
Decisión judicial
Tras analizar los planteos, el juez Márquez resolvió prorrogar la prisión preventiva por 30 días a partir del 19 de julio. Ordenó también la notificación a las autoridades penitenciarias para que la imputada continúe alojada en el Complejo Penitenciario de Delfín Gallo. La causa, que tramita en el Centro Judicial de Concepción, sigue bajo la órbita del fiscal Fabián Assad.
El caso continúa siendo observado de cerca por el Gobierno y la Justicia, no solo por tratarse de un hecho inusual, sino por el posible acceso a información sensible contenida en el dispositivo sustraído. La investigación ahora busca establecer si se trató de un acto individual o si existió un plan coordinado con otros actores aún no identificados.