El gobernador Osvaldo Jaldo dispuso apartar de sus funciones al comisionado rural Carlos Arturo Juárez, quien se encuentra con prisión preventiva tras atropellar y matar a Silvia Robles en la ruta 325. Su hermano quedará a cargo de manera interina.
El caso que conmocionó a la provincia tuvo un nuevo capítulo. Ayer martes, el gobernador Osvaldo Jaldo firmó el Decreto Acuerdo de Necesidad y Urgencia N° 9, mediante el cual se resolvió suspender de manera preventiva al delegado comunal de El Cercado, Carlos Arturo Juárez, procesado por el homicidio culposo agravado de Silvia Robles, una ciclista de 62 años que fue embestida el 11 de septiembre pasado en la ruta provincial 325.
La decisión política
El decreto fue rubricado por todos los ministros del Gabinete y remitido a la Legislatura para su tratamiento, en cumplimiento del artículo 101, inciso 21, de la Constitución provincial. En sus fundamentos, el texto señala la necesidad de “asegurar el normal funcionamiento institucional de la comuna de El Cercado” hasta que la Justicia defina la situación procesal de Juárez.
En forma interina, quedará al frente de la comuna Jorge Fabián Juárez, hermano del funcionario detenido y comisionado suplente.
El siniestro
El hecho ocurrió el jueves 11 de septiembre, alrededor de las 20, en el kilómetro 4 de la ruta 325. Juárez conducía una camioneta Volkswagen Amarok cuando embistió a Robles, quien circulaba en bicicleta. La mujer murió en el acto por la violencia del impacto.
De acuerdo a la investigación de la fiscala Mónica García de Targa, el examen clínico determinó que Juárez manejaba bajo los efectos del alcohol. Testigos aseguraron que el funcionario huyó de la escena y recién dos horas después se presentó en la comisaría de Capitán Cáceres con la camioneta. En un primer momento, su hermano Jorge intentó presentarse como conductor para encubrirlo, aunque esa versión fue descartada.
La causa judicial
El juez Matías Graña dictó prisión preventiva contra Juárez. La medida cautelar se encuentra bajo revisión, ya que la defensa, encabezada por los abogados Ernesto Baaclini y Jorge Luna, pidió que, por problemas de salud (hipertensión y diabetes), la detención se cumpla en modalidad domiciliaria. La acusación sostiene que el funcionario no solo conducía alcoholizado, sino que también se dio a la fuga sin asistir a la víctima, lo que agrava su responsabilidad.
“Estamos ante un caso grave porque se trata de un funcionario público que debía dar el ejemplo”, enfatizó el auxiliar fiscal César Larri durante la audiencia. La pena prevista para el delito imputado oscila entre tres y seis años de prisión de cumplimiento efectivo.
Reclamo de justicia
La familia de la víctima insiste en que se haga justicia. “Mi madre usaba la bicicleta como medio de transporte y terminó así. Pero lo que más nos duele es que Juárez no se detuvo a ayudarla, a pesar de que la conocía de toda la vida”, declaró Fabiana Torres, hija de Robles.