Este lunes se concretó el traslado de José Roldán, exsecretario de Hacienda; Pablo “Maceta” Barrionuevo, exsecretario de Acción Social; y Albano Lorú, exconcejal, al complejo penitenciario de Benjamín Paz. Los tres deberán cumplir una prisión preventiva de dos meses, medida dispuesta por el juez Fabián Edgardo Rojas el pasado viernes, tras una extensa audiencia multipropósito.
Los imputados fueron detenidos el miércoles pasado, acusados por la Fiscalía de integrar una presunta asociación ilícita con base en la estructura municipal de Juan Bautista Alberdi, que habría operado mediante el desvío de fondos públicos, contratación directa de obras, amenazas y posibles vínculos con la comercialización de estupefacientes.
El origen de la causa
La investigación se disparó el 5 de junio tras la viralización de un audio entre Roque “Chipi” Giménez, supuesto empresario, y el entonces intendente Luis “Pato” Campos. En esa conversación se mencionaban posibles hechos delictivos cometidos por funcionarios municipales. La repercusión derivó en la intervención del municipio, el inicio de causas en los fueros ordinario y federal, y una serie de allanamientos que llevaron a las actuales imputaciones.
Según el Ministerio Público Fiscal, “Chipi” Giménez habría cobrado más de $400 millones por obras públicas otorgadas de forma directa. Los fiscales sostienen que lo hizo con el aval de funcionarios de peso, especialmente del exsecretario de Hacienda José Roldán, a quien señalan como el operador clave de los fondos municipales.
El auxiliar fiscal Bernardo Sassi afirmó que la banda buscaba controlar organismos institucionales, manejar la distribución de drogas en la zona y ejercer actos de intimidación o violencia. Los investigadores sostienen que se trataba de una estructura organizada con roles definidos y objetivos delictivos.
Audiencia, defensas y declaraciones
Durante la audiencia del viernes, los imputados negaron los hechos. Roldán, Barrionuevo y Loru afirmaron no tener relación entre ellos ni con “Chipi” Giménez, y rechazaron cualquier vínculo con actividades ilegales. José Ignacio Funez, también imputado pero liberado bajo reglas de conducta, declaró como testigo en la causa federal y dijo sentirse amenazado: “Yo vengo denunciando corrupción desde 2020. Esta gente me quiere matar. No soy parte de ninguna banda”.
Los defensores de todos los acusados cuestionaron la acusación del MPF y afirmaron que no se acreditó ningún tipo de organización entre ellos. A pesar de ello, el juez Rojas resolvió dictar la prisión preventiva para los tres principales imputados, decisión que fue apelada por las defensas.
Situación de los principales investigados
Roque Giménez permanece con prisión preventiva por intimidación pública e instigación al delito. También está bajo la lupa de la Justicia Federal por presunto lavado de activos y tráfico de drogas.
Luis Campos, exintendente, está imputado pero sigue en libertad. Se lo investiga por encubrimiento agravado, intimidación pública e incumplimiento de deberes.
Sandra Figueroa, legisladora provincial, quedó bajo sospecha por haber autorizado contrataciones directas bajo investigación.