Una denuncia de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) sacude a Tucumán y a provincias vecinas, revelando un presunto esquema de desvío de fondos públicos millonarios a campañas electorales. La punta del iceberg es Banda del Río Salí, pero la investigación alcanza a otros seis municipios, incluyendo tres tucumanos: Monteros, Famaillá y San Isidro de Lules.
El «Proyecto Coirón» al descubierto
La denuncia, a la que accedió La Gaceta, detalla extracciones en efectivo por un total de $39.487 millones desde cuentas bancarias de los ocho municipios investigados. El período sospechoso, de marzo a octubre de 2023, coincide con las últimas elecciones provinciales y nacionales.
El titular de la Procelac, Diego Velasco, basa su denuncia en informes de la Unidad de Información Financiera (UIF), que detectó «conductas contrarias al ordenamiento jurídico». Según la UIF, los fondos habrían sido destinados, al menos en parte, a financiar campañas electorales.
Extracciones millonarias y falta de justificación
Banda del Río Salí: Lidera la lista con $17.256 millones extraídos. El entonces intendente, Darío Monteros, justificó las extracciones como pagos a personal no bancarizado, pero la Procelac cuestiona la falta de trazabilidad de los fondos.
Famaillá: Se detectaron retiros por $11.449,6 millones, con un promedio de $123 millones por operación en los meses previos a las elecciones.
Monteros: La investigación apunta a extracciones por al menos $3.923 millones, con 172 operaciones que oscilaron entre $13.950 y $50 millones.
San Isidro de Lules: Se investigan retiros por $4.217,7 millones, con picos máximos antes de las elecciones.
En todos los casos, la Procelac destaca la falta de documentación que respalde las transacciones y la pérdida de trazabilidad de los fondos.
Sospechas de delitos y pedido de investigación a fondo
La Procelac sospecha de posibles delitos de financiamiento ilegal de partidos políticos, peculado, lavado de activos y asociación ilícita. Para ampliar la investigación, solicitó información a bancos, la Cámara Nacional Electoral y otros organismos.
El «Proyecto Coirón», un sistema tecnológico del Ministerio Público Fiscal, permitió rastrear las transacciones y vincularlas a otros registros públicos y privados.