El Ministerio Público Fiscal (MPF) de Tucumán redobló en las últimas semanas su política criminal contra los incendios de cañaverales y pastizales, una práctica históricamente arraigada en la provincia pero considerada delito ambiental.
En apenas 21 días se abrieron más de veinte causas penales que involucran a minifundistas, medianos y grandes productores cañeros, e incluso a un reconocido industrial del sector, cuya identidad aún no fue confirmada oficialmente.
Avance judicial y procesados
Las investigaciones no se limitan a quienes inician los incendios: también alcanzan a propietarios y arrendatarios de los campos. Hasta el momento, cuatro personas fueron procesadas, tres de ellas con prisión preventiva, aunque dos cumplen arresto domiciliario.
La ofensiva judicial desató fuerte malestar en el sector productivo. “No puede ser que quieran tratarnos de bandidos o delincuentes. Que quede claro: los productores no quemamos caña”, manifestó José Frías Silva, presidente de la Sociedad Rural de Tucumán, durante la apertura de la muestra Agrosur.
En Monteros, un grupo de pequeños productores intentó cortar la ruta en señal de protesta, aunque la Policía desactivó la medida. Alegaban sentirse “perseguidos” en medio de la seguidilla de imputaciones.
Fiscales a cargo y herramientas de investigación
Las causas están a cargo de los fiscales Mariana Rivadeneira (Gran San Miguel y este tucumano), Mónica García de Targa (Monteros) y Diego Hevia (Concepción).
El Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) fue designado para relevar pruebas en cada foco ígneo detectado, mientras que se habilitó una línea de denuncias ciudadanas (381-3195131), que alimenta el registro de nuevos casos.
Actualmente, el promedio de actuaciones asciende a cinco por día, con un 80% de los hechos concentrados en el este tucumano, la principal zona cañera.
“La quema de caña y pastizales se investiga como cualquier otro delito. Está tipificada en el Código Penal y es nuestra obligación perseguirla con seriedad”, subrayó la fiscal Rivadeneira.
Marco legal y sanciones
El Código Penal prevé penas de entre tres y diez años de prisión para quienes incendien cañaverales de forma intencional o pongan en riesgo bienes de terceros. También contempla condenas menores por negligencia, imprudencia o si se impide la extinción del fuego.
Fuentes judiciales señalaron que en algunos casos las pesquisas se complican por la informalidad en los contratos de arrendamiento, lo que demora la identificación de responsables. No obstante, el MPF evalúa unificar expedientes para endurecer las imputaciones.
Daños y consecuencias
Los auxiliares fiscales Brenda Deroy y Hugo Campos recordaron que las quemas, además de ser ilegales, generan daños a bienes privados, problemas de salud pública y riesgos viales por el humo que invade rutas y poblaciones.
La estrategia judicial apunta no solo a sancionar, sino también a que los acusados asuman la reparación de los perjuicios provocados.
Un conflicto en ascenso
Con un escenario judicial en plena ebullición, el conflicto por la quema de cañaverales promete escalar en las próximas semanas, tensando la relación entre el poder judicial, los productores y la Sociedad Rural de Tucumán.