Una fuerte denuncia por presunto fraude financiero fue radicada por la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, actualmente bajo la gestión de Rossana Chahla, desatando una investigación que pone en el centro de la escena fondos provinciales girados durante la intendencia de Germán Alfaro en el año 2020. La cifra investigada asciende a la considerable suma de $500 millones, que en aquel entonces equivalían a aproximadamente U$S 4 millones.
La presentación judicial realizada ante el Ministerio Público Fiscal (MPF) busca esclarecer el destino de estos fondos, los cuales, según la denuncia impulsada por el fiscal municipal Conrado Mosqueira, no habrían sido debidamente asentados en los registros oficiales del Ejecutivo Municipal durante la gestión anterior.
La lupa de la justicia se posa sobre cuatro instrumentos legales emitidos por la Provincia en 2020 para asistir financieramente a la Capital en plena pandemia de Covid-19. Se trata de dos decretos por aportes financieros reintegrables y otros dos por asistencias no reintegrables, cada uno por un monto de $250 millones. Los fondos fueron transferidos a través de ocho giros de $125 millones cada uno.
Sin embargo, el punto neurálgico de la denuncia radica en que, tras un exhaustivo cruce de información con el Banco Macro, la actual administración municipal detectó la existencia de una segunda cuenta corriente a nombre de la Municipalidad que nunca fue registrada administrativamente. En esta cuenta «fantasma» se habrían depositado cuatro transferencias de $125 millones cada una, completando los $500 millones cuyo paradero actual se intenta determinar.
Según consta en la denuncia, el reporte bancario revela que la apertura de esta cuenta no registrada habría sido solicitada por el entonces intendente Germán Alfaro. Asimismo, se señala que los firmantes habilitados para operar en dicha cuenta serían Rodolfo Ocaranza, quien se desempeñaba como secretario de Gobierno (actualmente legislador), y Carlos Domingo Gómez, ex secretario de Economía y Hacienda.
Préstamos y ayudas en la mira
Los decretos provinciales que autorizaron el envío de estos fondos fueron firmados por el entonces gobernador Juan Manzur (hoy senador) y refrendados por el entonces ministro del Interior, Miguel Acevedo (actual vicegobernador). Los Decretos N° 947 y N° 1.798, fechados el 11 de junio y el 2 de octubre de 2020 respectivamente, oficializaron la concesión de un préstamo por $500 millones destinado a garantizar el pago de salarios y cubrir gastos esenciales del municipio en el contexto de la crisis sanitaria. En estos instrumentos se estipulaba la devolución de los montos mediante retenciones automáticas de la coparticipación y la presentación de una ordenanza municipal de respaldo en un plazo no mayor a 30 días, un requisito que aparentemente no se habría cumplido.
El análisis de los movimientos bancarios realizado por la gestión de Chahla revela una distribución peculiar de los fondos: $125 millones de cada decreto fueron depositados en la cuenta oficial de la Municipalidad, mientras que los restantes $125 millones de cada uno terminaron en la cuenta no registrada.
Posteriormente, el entonces gobernador Manzur firmó los Decretos N° 2.310 (3 de diciembre de 2020) y N° 184 (4 de febrero de 2021), otorgando fondos no reintegrables por otros $250 millones cada uno, con el objetivo de asegurar la continuidad de los servicios esenciales en el marco de la pandemia. Estos decretos también contaron con la rúbrica del ex ministro de Economía, Eduardo Garvich.
La alarma se enciende por una deuda notificada
Las primeras señales de alerta para la actual administración municipal surgieron en agosto de 2024, cuando el ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, notificó la existencia de una deuda de $500 millones por asistencias financieras reintegrables de 2020. Al contrastar esta información con sus registros, la gestión de Chahla solo encontró asentado un compromiso por $125 millones, lo que desencadenó una investigación interna que finalmente condujo al descubrimiento de la segunda cuenta bancaria no oficializada.
La respuesta de Alfaro: «Esto no tiene otro sentido más que político»
Ante la gravedad de las acusaciones, el ex intendente Germán Alfaro salió al cruce, desestimando categóricamente la denuncia y atribuyéndola a una maniobra política y electoral de la intendenta Chahla para desviar la atención pública ante supuestas falencias de gestión y tensiones con la Casa de Gobierno. «Esto es humo», sentenció Alfaro, sin brindar precisiones sobre el destino de los fondos cuestionados ni su implementación. No obstante, mencionó que es habitual que un Ejecutivo Municipal maneje diversas cuentas bancarias.
La investigación ahora se encuentra en manos del fiscal regional Fernando Blanno.

