Un fallo judicial que ordenó restringir contenidos periodísticos en Tucumán escaló al plano internacional. Andhes y la Asociación de Prensa de Tucumán (APT) solicitaron la intervención de la Relatora Especial de las Naciones Unidas para la libertad de expresión, al considerar que la provincia enfrentó un caso de censura previa sin precedentes recientes.
El planteo surge tras la medida cautelar dictada el 4 de noviembre por el juez subrogante Lucas Taboada, quien ordenó a CCC (Compañía de Circuito Cerrado), a sus periodistas y productores, cesar la difusión de cualquier contenido que “injurie, desacredite o distorsione” la actuación de fiscales y magistrados locales. Para las organizaciones, la resolución constituye una restricción preventiva prohibida por los estándares constitucionales e internacionales.
Pedido internacional
La presentación, dirigida a Irene Khan, Relatora Especial de la ONU sobre la libertad de opinión y expresión, solicita que el organismo active un “llamamiento urgente” al Estado argentino. Según las entidades, la cautelar implica un riesgo directo para la libertad de prensa y un mensaje intimidatorio hacia quienes ejercen el periodismo en Tucumán.
“Presentamos la solicitud frente a un grave hecho de censura judicial ocurrido en la provincia”, señalaron desde Andhes al anunciar el envío del planteo.
Florencia Vallino, directora ejecutiva de la organización, remarcó que la censura “nunca puede ser una respuesta legítima en democracia”. “El periodismo libre y crítico cumple una función esencial para la transparencia y la rendición de cuentas. Cuando se lo persigue o se lo calla, lo que está en riesgo no es solo la libertad de prensa, sino el propio tejido democrático”, sostuvo.
Desde la APT, su secretario gremial, Diego del Jesús Tomas, coincidió en la gravedad de lo ocurrido. “Vulnerar derechos esenciales como la libertad de expresión y el acceso a la información —entendidos como bienes sociales y derechos humanos— socava las bases mismas de un sistema democrático y republicano”, expresó.
Repercusiones en el ámbito jurídico
El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires también fijó posición y advirtió que la cautelar “es incompatible con los principios esenciales de una República democrática”. En un comunicado, exhortó a las autoridades a promover los procesos de responsabilidad institucional que correspondan frente a “un apartamiento de los principios republicanos y constitucionales”.
La entidad recordó que la libertad de expresión “no admite restricciones preventivas” y cuestionó que un magistrado haya dispuesto una prohibición genérica para difundir información u opiniones sobre toda una rama del Estado. Según el organismo, esto entra en contradicción con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Un caso que abre debate nacional
El fallo de Taboada, sus críticas y ahora la intervención solicitada ante Naciones Unidas reactivaron el debate sobre los límites del Poder Judicial frente a la labor periodística. Las organizaciones advierten que lo ocurrido en Tucumán puede sentar un precedente riesgoso para el ejercicio de la prensa en el país.