Una denuncia penal y una investigación administrativa avanzan en paralelo para esclarecer una presunta maniobra irregular vinculada a la promesa de viviendas sociales, en un caso que volvió a encender las alertas dentro del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (IPVyDU).
Según publicó La Gaceta, el propio organismo inició un sumario interno luego de que se radicara una denuncia judicial por presunta estafa y defraudación, en la que se sostiene que un trabajador del Instituto habría ofrecido viviendas a al menos tres familias, pese a que los trámites de adjudicación son gratuitos.
Desde el IPVyDU recordaron que no se cobra ningún tipo de suma por gestiones ni por la asignación de casas y que los únicos canales habilitados son la sede del Instituto y el sitio web oficial. “Aparecen falsos gestores que se aprovechan de la necesidad de la gente”, advirtieron desde la intervención del organismo.
La investigación administrativa fue dispuesta a principios de noviembre mediante una resolución interna, con el objetivo de determinar la veracidad de los hechos denunciados, establecer responsabilidades y definir eventuales sanciones disciplinarias. Para ello, se designó a un instructor sumariante, que cuenta con un plazo de 60 días hábiles para elevar un informe final, conforme al reglamento vigente para agentes del Estado provincial.
El caso también fue puesto en conocimiento del Tribunal de Cuentas de Tucumán, que solicitó al Instituto que, una vez concluido el proceso administrativo y con el acto firme, se remita la totalidad de las actuaciones para avanzar con los pasos que correspondan.
De acuerdo a la información oficial, el expediente se originó tras una reunión en la que un hombre y tres familias expusieron una situación vinculada a la supuesta promesa de viviendas. Durante ese encuentro, las autoridades del IPVyDU aclararon que el organismo no percibe dinero alguno por trámites o adjudicaciones y que, de haberse efectuado pagos, se trataría de una posible estafa.
A partir de esa advertencia, los presuntos damnificados realizaron una denuncia ante la Unidad Fiscal de Decisión Temprana del Ministerio Público Fiscal, lo que dio lugar a la apertura de la causa penal y, posteriormente, al inicio del sumario administrativo dentro del Instituto.
Por el momento, el proceso se encuentra en una etapa inicial y continúa la recolección de pruebas. No se descarta que los denunciantes sean citados a prestar declaración. Mientras el expediente siga en trámite, no se adoptarán sanciones disciplinarias, ya que cualquier medida deberá definirse una vez concluidas las actuaciones internas.
En ese marco, el IPVyDU reiteró a la comunidad que todos los trámites son gratuitos y pidió denunciar cualquier intento de cobro o intermediación irregular, una problemática que en distintas oportunidades derivó en investigaciones judiciales y administrativas.