El Gobierno amplió ayer la denuncia que impulsó esta semana por una supuesta multimillonaria defraudación en la compra de guardapolvos para chicos vulnerables, mediante la contratación de 30 cooperativas durante la gestión del disuelto Ministerio de Desarrollo Social, el año pasado. Funcionarios del Ministerio de Capital Humano informaron que presentaron más pruebas en la causa que recayó en el juzgado federal de María Servini.
La investigación apunta a una serie de convenios que firmaron la ex ministra Victoria Tolosa Paz y al secretario de Articulación de Política Social, Leonardo Moyano, con una treintena de cooperativas por un monto superior a los 5.000 millones de pesos, para la confección de un millón y medio de guardapolvos que debían ser destinados a estudiantes de bajos recursos económicos. Según la auditoría que realizaron funcionarios del actual Ministerio de Capital Humano, que encabeza Sandra Pettovello, y que presentaron ante la Justicia, del total comprometido se entregaron menos de la mitad de las prendas comprometidas, pero se cobró casi el 80% del total de fondos comprometidos.
Tolosa Paz rechazó esas acusaciones y aclaró: “Yo no adquirí guardapolvos como ministra, yo adquirí y llevé adelante un programa de inclusión social”. Además, consideró que “Milei intenta contar denuncias porque no puede contar nada bueno (…) Nos tiene que poner a todos los gestionadores públicos en el lugar de los sospechosos de corrupción”. Lo cierto es que la denuncia el Gobierno acusó a la ex funcionaria y actual diputada de Unión por la Patria de “defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”, debido a las “irregularidades manifiestan” en los convenios que ambos “no podían desconocer y/o ser ajenos”.
También, los funcionarios del Ministerio de Capital Humano le endilgaron a Tolosa Paz los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad. “Demás está decir que si no hubo mediado un acto de corrupción por parte los funcionarios públicos implicados, a fin de conseguir un beneficio económico ilegítimo en su propio provecho, claramente no hubieran tenido lugar los hechos narrados”, estableció el escrito que deberá investigar la jueza Servini.
En la presentación, a la que tuvo acceso Infobae, está un detalle pormenorizado de cada convenio y los incumplimientos registrados. Del total de cooperativas sobresalen cinco que recibieron entre 600 y 700 millones de pesos cada una, que cobraron por anticipado el dinero, pero no entregaron todas las prendas que debían. Entre ellas están Los Pitufos y 15 de Julio, que son de Quilmes, el partido de la intendenta camporista Mayra Mendoza; Mariscal Francisco Solano López y Kbrones, de La Matanza, el municipio del peronista Fernando Espinoza; y Manos, de Berisso, otra intendencia del PJ, entre otras.
Además, de las mencionadas cooperativas, también firmaron acuerdos Resurgir, Nueva Generación, Nuestra Señora de Fátima, Dos Soles, Textil 13 Rosas, Manos Obreras, Cosiendo Esperanza, Pupore, Blanco País, RBD Textil, Pura Pampa, RelmuanTV, Branca, Texarg, CM, Darío Santillán, Oscar Barrios, Futuro, Del Camino, Martín Fierro, Hilando Pueblos, 25 de Mayo, Confecciones Eigenfeld, Tejiendo Compromiso y Estrella Azul. En total, las 30 firmaron convenios para confeccionar 1.595.000 guardapolvos, con un presupuesto previsto (a razón de $ 4.305,25 por cada uno) de 7.000 millones de pesos (6.866.693.750 pesos, para ser precisos). Según la cuenta elaborada por este medio en base a la presentación judicial, del global exigible se entregaron sólo 760.249 guardapolvos, mientras que 834.751 quedaron pendientes. Pese a que hicieron menos de la mitad de lo acordado, las cooperativas igual cobraron $ 5.307.242.200, es decir, el 78% de lo presupuestado.
De acuerdo con la denuncia, que surgió de una de las tantas auditorías que viene realizando un equipo que está órdenes directas de Pettovello, los datos surgieron de los expedientes que obran en el disuelto Ministerio de Desarrollo Social. En esos trámites oficiales, quedó expuesto que las cooperativas recibían pagos fraccionados por el total del contrato a contra entrega, pero que el incumplimiento de lo firmado no era obstáculo para que los funcionarios efectuaran los desembolsos.
Entre las innumerables irregularidades, se destacó un tramo de la denuncia: “Casualmente, antes de finalizar la gestión, en fecha 7 de diciembre de 2023, el entonces secretario de Articulación de Política Social del ex Ministerio de Desarrollo Social firmó una resolución en donde aprobaba las adendas con próprogra del plazo de ejecución de los convenios. Una misma resolución para 29 cooperativas (…) Resulta al menos polémico y extraño que en un solo acto administrativo se hayan nucleado autorizaciones de diversas adendas pertenecientes a numerosas cooperativas”.
INFOBAE