En una sesión maratónica y cargada de tensión, el Senado de la Nación asestó un duro golpe al gobierno de Javier Milei al rechazar los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, los candidatos propuestos para integrar la Corte Suprema de Justicia. La votación, que requería de dos tercios de los votos, dejó en evidencia la falta de consenso y la fragmentación del escenario político.
Resultados contundentes
- Ariel Lijo: 27 votos a favor, 43 en contra y 1 abstención.
- Manuel García-Mansilla: 20 votos a favor y 51 en contra.
La amplia diferencia en los resultados refleja el rechazo generalizado a las designaciones, impulsadas por decreto por el presidente Milei. La decisión del Senado deja dos vacantes en el máximo tribunal y plantea serios interrogantes sobre el futuro de García-Mansilla, quien ya había jurado como miembro de la Corte.
Un debate acalorado
La sesión estuvo marcada por fuertes cruces entre los senadores de los distintos bloques. La oposición, liderada por Unión por la Patria, cuestionó la idoneidad de los candidatos y el mecanismo de designación por decreto, al que calificaron de «violatorio de la Constitución». Por su parte, el oficialismo defendió la trayectoria de los postulantes y acusó a la oposición de «operar para desgastar al gobierno».
Incertidumbre sobre el futuro de García-Mansilla
La situación de Manuel García-Mansilla es particularmente compleja. Tras la votación en el Senado, se abren dos escenarios posibles:
- Una corriente constitucionalista sostiene que, al haber sido designado en comisión y haber jurado, solo podría ser removido mediante un juicio político.
- Otra corriente asegura que el rechazo del Senado invalida su designación y lo excluye automáticamente de la Corte.
La definición sobre el futuro de García-Mansilla quedará ahora en manos de la Justicia, lo que promete un nuevo capítulo de incertidumbre en el ámbito judicial.
Reacciones y repercusiones
Tras la derrota en el Senado, el presidente Milei habló de un «pacto de impunidad de la oposición». La decisión del Senado representa un duro revés para el gobierno, que deberá buscar nuevos candidatos para la Corte Suprema y enfrentar las consecuencias de la polémica designación de García-Mansilla.