El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció este viernes que el Gobierno suspendió 110.522 Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez Laboral que, según la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), habían sido otorgadas de manera irregular en gestiones anteriores. A esto se suman 8.107 beneficios correspondientes a personas fallecidas y 10.038 renuncias voluntarias.
La medida, que representa un ahorro estimado de 35 mil millones de pesos mensuales para el Estado, se conoció un día después de que la Cámara de Diputados rechazara el veto del presidente Javier Milei a la ley que amplía el presupuesto para el sector de la discapacidad.
En conferencia de prensa desde Casa Rosada, Adorni precisó que el 60% de los titulares de estas pensiones no se presentó a verificar los requisitos exigidos. Entre los casos detectados, mencionó presentaciones repetidas de estudios médicos: “En Tucumán, por ejemplo, se repitió el mismo ecocardiograma y la misma radiografía en varios expedientes”. Recordó además que, durante la gestión anterior, en Chaco se presentó la misma radiografía de hombro para 150 solicitudes distintas.
El funcionario sostuvo que la investigación interna de la ANDIS, encabezada por el abogado Diego Spagnuolo, detectó “una actividad fraudulenta a gran escala” con un desvío estimado en 1.000 millones de dólares anuales.
Según datos oficiales, la cantidad de PNC por Invalidez Laboral pasó de 79.000 en 2003 a 1.045.000 en 2015. Entre 2015 y 2019, durante la gestión de Mauricio Macri, la cifra se redujo levemente a 1.026.000, para luego crecer hasta 1.222.000 en diciembre de 2023, tras el gobierno de Alberto Fernández.
Adorni comparó la situación con la de Israel, donde el 3,5% de la población activa recibe pensiones por discapacidad, frente al 4,6% de Argentina: “Israel ha sufrido decenas de atentados y vive en conflicto bélico permanente. Argentina no tuvo guerras ni catástrofes naturales, sólo 20 años de administraciones kirchneristas”.
Las auditorías, realizadas por profesionales médicos del PAMI y personal de la ANDIS, alcanzan a todos los beneficiarios bajo la ley 13.478 y el decreto 432/97, salvo menores de edad y personas ya auditadas este año. Las suspensiones podrían transformarse en bajas definitivas si no se acredita el cumplimiento de los requisitos.
Desde la Agencia Nacional de Discapacidad afirmaron que el proceso busca “redirigir los recursos hacia quienes realmente lo necesitan” y garantizar “transparencia y equidad en la distribución de los beneficios”.
En relación con el rechazo legislativo al veto presidencial, Adorni acusó al Congreso de “defender un sistema corrupto que desvió fondos de todos los argentinos en favor de los amigos de la política”. El Gobierno advirtió que la nueva ley aprobada por el Parlamento generará un gasto adicional de 2,1 billones de pesos en 2025 (0,26% del PBI) y de más de 4,5 billones en 2026 (0,47% del PBI), sin contar el incremento de beneficiarios en el Programa Incluir Salud.