El Gobierno provincial, a través de un decreto, inició una investigación administrativa para deslindar responsabilidades ante presuntas incompatibilidades e incumplimientos de los deberes y prohibiciones de los agentes de la Administración Pública Centralizada en relación con la percepción ilegítima de los beneficios del Programa Nacional Potenciar Trabajo.
Con la firma del gobernador Osvaldo Jaldo, el instrumento legal surge en respuesta al Oficio emitido por el Fiscal Federal Guillermo Fernando Marijuan y a la decisión del Ministerio de Capital Humano de la Nación, por la cual se suspendió el pago del Salario Social Complementario a 4588 titulares de todo el país del Programa «Potenciar Trabajo», de los cuales 956 corresponden a Tucumán.
Estos beneficiarios fueron señalados en la investigación por incompatibilidades en la percepción de los beneficios del programa con las remuneraciones de empleados estatales en 14 provincias.
Deslinar responsabilidad
La investigación, iniciada en el ámbito de Tucumán, busca deslindar responsabilidades por las supuestas incompatibilidades e incumplimientos de los deberes y prohibiciones de los agentes de la Administración Pública Centralizada, incluyendo personal del Poder Ejecutivo, municipios, comunas rurales, y agentes de la ex Unidad Reconversión Laboral (UNREL). Los 956 presuntos casos de incompatibilidad contemplan diversas instancias gubernamentales.
El decreto reza: “Corresponde señalar que las incompatibilidades en la percepción de los beneficios del Programa Nacional Potenciar Trabajo se originaron durante la gestión de gobierno que concluyó el 29/10/2023″.
A través del instrumento legal, el Gobierno de Tucumán instruyó a la Dirección General de Recursos Humanos para que, en un plazo de 30 días, eleve las Conclusiones Finales y el eventual Capítulo de Formulación de Cargos. Asimismo, los Ministros de Educación y Seguridad tienen la misma instrucción respecto al personal de sus dependencias.
El decreto también especifica que la eventual aplicación de sanciones puede ir desde un Apercibimiento hasta la Cesantía.
El inicio de la causa
Todo comenzó cuando el fiscal Guillermo Marijuan cruzó las bases de datos del programa con las planillas de empleados públicos de 14 provincias. Fue así como, desde el Ministerio de Capital Humano, dirigido por Sandra Pettovello, se tomó la determinación de dar de baja a las personas que, según esa investigación, recibían una contraprestación, además del beneficio de Potenciar Trabajo.
A través de la Resolución 17/2023, el Ministerio de Capital Humano dio a conocer los nombres de todas las personas apuntadas: se trata de un listado de 418 páginas.
Los trabajos judiciales arrojaron que «luego del entrecruzamiento de la base de datos de los beneficiarios del plan Potenciar Trabajo y de la nómina de los empleados públicos de 14 provincias, 4.588 personas presentarían incompatibilidades para acceder a dicho plan».
Las 14 provincias investigadas, hasta el momento, fueron Mendoza, Misiones, Entre Ríos, Tucumán, Río Negro, Jujuy, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Corrientes, Formosa, Salta y Santa Cruz.