Unos 500 productores cañeros se concentraron este miércoles en la entrada del ingenio Ñuñorco de Monteros para reclamar contra la prohibición de la quema de caña de azúcar. Señalaron que la medida, sumada a las detenciones y multas que se vienen aplicando, paraliza la zafra y pone en riesgo a miles de familias que dependen de la actividad.
Durante la protesta denunciaron que en los últimos días hubo operativos policiales con detenciones y secuestro de maquinarias. “Lo llevaron preso acá en Simoca (…) lo han llevado detenido a él y a los tres empleados”, contó uno de los productores, que también advirtió que hubo casos de prisión domiciliaria por diez días. “Han secuestrado máquinas, cosechadoras, camiones, tractores, todo en la finca”, agregó.
“Toda la vida se ha quemado”
Los cañeros explicaron que la quema de la caña achada es una práctica indispensable para poder entregar la materia prima a los ingenios. “Si no quemamos, no la podemos llevar. Toda la vida se ha quemado. Tampoco queremos hacer incendios grandes. Quemamos media hectárea, una hectárea como máximo”, indicaron.
Además remarcaron que los costos actuales hacen inviable la producción: “Nos pagan 6.000 pesos por tonelada, y con eso tenemos que comprar el abono y cultivar de nuevo. Una bolsa de abono está 53.000 pesos, mientras la bolsa de azúcar vale entre 19.000 y 20.000 pesos”, detallaron.
Medidas y advertencia
Los productores confirmaron que este jueves volverán a reunirse en el mismo lugar para esperar una respuesta de las autoridades. De no obtener soluciones, anunciaron que avanzarán con cortes de ruta. “Somos casi 3.000 cañeros y detrás de cada uno hay familias enteras. Estamos hablando de más de 15.000 personas que dependen de esta actividad”, subrayaron.
El marco legal: la quema de caña está prohibida en Tucumán
La quema de cañaverales en Tucumán está prohibida por la Ley N° 6253, que fue modificada y actualizada por la Ley N° 7459 y el Decreto Reglamentario 1955/9 de 2013. La normativa impide la quema de caña de azúcar, tanto en pie como ya cosechada, así como la quema de rastrojos y otros restos de vegetación. La autoridad de aplicación es el Ministerio de Desarrollo Productivo.
El decreto reglamentario establece que constituye infracción recibir caña quemada, quemar caña, rastrojos o vegetación y quemar pastizales. Las sanciones incluyen multas económicas elevadas, secuestro de vehículos y maquinarias, y en casos más graves, la radicación de causas penales.
En paralelo, el artículo 186 del Código Penal de la Nación tipifica la quema de cañaverales como un delito contra la seguridad pública, con penas que van de tres a diez años de prisión si se pone en peligro bienes, y de hasta quince años si se pone en riesgo la vida de personas.
En los últimos años, el Ministerio Público Fiscal ha intervenido de manera directa con detenciones de personas sorprendidas en plena quema, además de ordenar el secuestro de camiones, cosechadoras y tractores en los campos. Las autoridades remarcan que estas medidas buscan prevenir incendios de gran magnitud y proteger la seguridad de los vecinos.