La Casa Rosada evalúa cambios administrativos profundos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), organismo involucrado en el escándalo por los audios de su exdirector ejecutivo, Diego Spagnuolo, que dejaron al descubierto un presunto entramado de coimas con la droguería Suizo Argentina.
Un cambio de estatus institucional
Actualmente la ANDIS funciona como organismo descentralizado, figura creada en 2017 durante la gestión de Mauricio Macri, con personalidad jurídica y patrimonio propios. Esta modalidad le permite manejar sus propios procesos licitatorios a través de su Servicio Administrativo Financiero, sin control directo del Ministerio de Salud.
Ese modelo es el mismo que rige en otras instituciones, como la ANMAT o el Instituto Nacional del Cáncer. En el caso de la ANDIS, hasta la semana pasada llevaba iniciados 31 procesos licitatorios, según consta en el portal oficial Comprar.
Intervención y desembarco de Salud
El Gobierno dispuso la intervención del organismo el viernes pasado y designó como interventor a Alejandro Vilches, exsecretario de Gestión Sanitaria y hombre de confianza del ministro Mario Lugones. La decisión implicó la salida de Spagnuolo y también de Daniel Garbellini, director de Acceso a los Servicios de Salud y experto en convenios de compra de medicamentos.
Con la llegada de Vilches, por primera vez un funcionario del equipo de Lugones pasa a tener el control directo de la agencia. “Antes no podíamos ver los números, ahora sí”, remarcan en el entorno sanitario.
Precedente en el Hospital Bonaparte
En el oficialismo recuerdan que a comienzos de año se aplicó una medida similar con la intervención del Hospital Bonaparte, cuyo director no acataba órdenes sanitarias. “Lo de la ANDIS podría ser algo parecido”, sostienen cerca de Lugones.
Debate legal sobre el traspaso
La discusión actual es si el Ejecutivo tiene facultades para modificar el estatus administrativo de la agencia. Las facultades delegadas de la Ley Bases, que permitían ese tipo de reorganizaciones, ya no están vigentes.
No obstante, en el Gobierno aseguran que es posible avanzar apelando al artículo 99 inciso 1 de la Constitución, que otorga al Presidente atribuciones para organizar la administración pública nacional.
Auditoría en marcha
El interventor Vilches ya ordenó una revisión integral de los contratos y licitaciones realizados en los últimos meses. El foco está puesto en el programa Incluir Salud, encargado de la cobertura médica de los beneficiarios de pensiones no contributivas.
El lunes comenzó formalmente la auditoría, tras una reunión en Casa Rosada entre el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el asesor presidencial Santiago Caputo; y el ministro Lugones.
El contrato con Suizo Argentina
Uno de los puntos sensibles es la licitación adjudicada a Suizo Argentina, mencionada en los audios de Spagnuolo. El proceso alcanzó un monto de $78.267 millones y contemplaba servicios de distribución de vacunas, almacenamiento y medicamentos.
Según fuentes oficiales, la droguería obtuvo la adjudicación con una oferta 17% más baja que el precio de referencia y compitió con Andreani, Correo Argentino y OCA. En paralelo, Andreani se quedó con el servicio de almacenamiento y preparación de vacunas.
El Gobierno aclaró que el monto adjudicado se paga únicamente por servicio efectivamente prestado, y que a cuatro meses de iniciado el contrato aún no se realizaron desembolsos. Además, precisó que solo el 6% de las compras de medicamentos del Ministerio de Salud se canalizan a través de esta empresa.
Expectativa en la Casa Rosada
El Ejecutivo espera que la auditoría sobre los contratos de la ANDIS aclare los vínculos comerciales con Suizo Argentina durante la gestión de Spagnuolo. Por lo pronto, la SIGEN no intervino en estas compras porque están excluidas del control de precios testigo.
Mientras tanto, la incógnita es si el oficialismo podrá avanzar con el cambio institucional y transformar a la ANDIS en un área bajo la órbita directa del Ministerio de Salud, con el objetivo de tener mayor control sobre sus procesos de contratación.