Este martes, alrededor de las 7:59 de la mañana, Roque Cayetano “Chipi” Giménez fue trasladado desde la Brigada de Investigaciones de la Policía de Tucumán, ubicada en la capital provincial, hacia el penal de Benjamín Paz. El operativo estuvo a cargo de efectivos del Grupo CERO, quienes custodiaron el desplazamiento en medio de un fuerte hermetismo y medidas de seguridad.
El traslado se concretó luego de que la Justicia dispusiera su prisión preventiva por seis meses, tras una audiencia multipropósito realizada el sábado en el Centro Judicial Concepción. La medida había sido solicitada por el Ministerio Público Fiscal y avalada por el juez Raúl Ángel Robín Márquez, al considerar acreditados los riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación.
Los cargos
La Fiscalía imputó a Giménez los delitos de intimidación pública y atentado contra el orden público, en calidad de coautor respecto del primer hecho y autor del segundo. La causa fue declarada “de asunto complejo” debido a la magnitud y repercusión social del caso, lo que permitirá extender los plazos procesales y de investigación.
El origen del escándalo
La detención de Giménez se produjo el jueves por la noche en calle Balcarce al 400, en San Miguel de Tucumán, cuando caminaba por la vía pública. Fue reconocido por vecinos tras la viralización de su imagen y alertas al 911.
La causa se originó tras la viralización de audios en los que se lo escucha mantener un diálogo con el ex intendente de Juan Bautista Alberdi, Luis Armando Campos. Dichas grabaciones, según la acusación, fueron difundidas con el propósito de generar temor, alterar el orden público y desatar una crisis institucional que derivó en la intervención del municipio y del Concejo Deliberante el pasado 9 de junio.
Las próximas etapas
Con el ingreso de Giménez al penal de Benjamín Paz, se abre un nuevo capítulo en la investigación, que continuará con el análisis de los dispositivos electrónicos y documentos secuestrados durante los allanamientos realizados por Gendarmería Nacional y la Policía. La causa sigue bajo la órbita de la Unidad Fiscal Regional del Centro Judicial Concepción, a cargo de la fiscal Mónica García de Targa.
La Justicia Federal, por su parte, también lo tiene bajo la lupa por presunta asociación ilícita, lavado de activos y comercialización de estupefacientes, aunque los pedidos de detención en ese fuero fueron rechazados por el juez José Manuel Díaz Vélez por supuestos vicios procesales.
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