La Unidad Fiscal de Estafas, Usurpaciones y Cibercriminalidad I del MPF está a cargo de la investigación. Las víctimas serían alrededor de 20 personas. Fue secuestrado un teléfono celular en el marco de los allanamientos practicados en su domicilio y en su lugar de trabajo.
A raíz de una denuncia, la Unidad Fiscal de Estafas, Usurpaciones y Cibercriminalidad I del MPF, que conduce Mariano Fernández, pidió medidas de allanamientos en dos domicilios (de El Chañar y en la Unidad Regional Capital) que se practicaron en el día de ayer jueves 25 de abril. La sospechosa (34 años), quien se desempeña como agente policial, decía tener contactos y vínculos para hacer ingresar a las víctimas a la policía. Les comentaba que había dos formas de hacerlo: “por contacto o pagando una suma de dinero”. Según los dichos del denunciante el monto del dinero se lo hacía llegar mediante efectivo o transferencia bancaria a la cuenta sueldo de la sospechosa (suma total que rondaría los $1.500.000). De la incipiente investigación, se sostiene que podría haber entre 15 y 20 personas afectadas. Al momento de solicitar el dinero les expresaba que también era para la compra de indumentaria y de botas. Los citaba y les daba una suerte de entrenamiento. De acuerdo al material reunido formó un grupo denominado “Aspirantes” como vía de comunicación a través de Whatsapp. La instrucción del legajo está a cargo de la investigadora, Gabriela Susana Rodríguez y en los próximos días se practicarán las pericias al celular secuestrado. De las tareas participó la División de Cibercrimen de la policía.